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España tiene potestad para expropiar los apartamentos de playa y conceder al propietario un derecho de uso de 30 años.

El gobierno español está estudiando la posibilidad de expropiar apartamentos de playa y otras propiedades costeras para proteger el litoral de la subida del nivel del mar. 

A cambio, los propietarios obtendrán un derecho de uso de 30 años, con una posible prórroga a 60 años. 

Las concesiones para actividades a lo largo de la costa también se limitarán a un máximo de 75 años.

El Ministerio de Transición Ecológica está trabajando en la modificación del Reglamento General de Costas para hacer frente al impacto de la subida del nivel del mar. 

Estos cambios son necesarios para proteger la costa del cambio climático.

Sin embargo, los propietarios costeros están preocupados. 

Si sube el nivel del mar, el Estado puede reclamar la propiedad aunque el propietario tenga todos los documentos de propiedad. 

El Estado puede entonces decidir demoler la propiedad o hacer modificaciones. Aunque los propietarios pueden obtener una concesión a cambio de su propiedad, siguen perdiendo mucho control sobre ella.

Estas nuevas normas pueden dar lugar a conflictos y procedimientos judiciales entre los propietarios y el gobierno. 

Los propietarios pueden oponerse a la expropiación y exigir una indemnización, lo que puede dar lugar a litigios prolongados y retrasos en la aplicación de las nuevas medidas.

La expropiación de propiedades comerciales, como hoteles y restaurantes de playa o chiringuitos, también puede tener un impacto económico negativo en los municipios costeros dependientes del turismo. 

Los negocios pueden verse obligados a cerrar o trasladarse, lo que conlleva la pérdida de puestos de trabajo y un descenso de los ingresos por turismo.

Además, los paseos marítimos también pueden verse afectados por las nuevas normas. 

Si sube el nivel del mar, el Estado puede decidir que partes del paseo marítimo ya no son terreno municipal, sino propiedad pública. Esto podría provocar conflictos entre los gobiernos locales y el Estado por la conservación de los paseos marítimos.