La okupación ilegal de viviendas en España sigue siendo una de las mayores preocupaciones para los propietarios, especialmente para aquellos que poseen segundas residencias en la costa. Sin embargo, el marco legal ha cambiado de manera relevante. Desde el 3 de abril de 2025, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del servicio público de Justicia, se ha abierto la vía del juicio rápido para este tipo de delitos.

¿Qué establece la legislación sobre la okupación?

El marco legal diferencia claramente dos situaciones jurídicas con consecuencias y tiempos de actuación distintos:

1. Allanamiento de morada (art. 202 del Código Penal): Se produce cuando la ocupación afecta a una vivienda habitual o segunda residencia utilizada periódicamente. Al atentar contra la intimidad, la actuación policial y la restitución del inmueble suelen ser inmediatas.
2. Usurpación de inmuebles (art. 245 del Código Penal): Se aplica a propiedades deshabitadas, pisos de bancos o inmuebles sin uso residencial directo. Requiere un procedimiento judicial más formal.

El juicio rápido y la importancia de las primeras horas

Gracias a la reforma procesal, los delitos de allanamiento y usurpación pueden tramitarse mediante juicio rápido (juicio rápido), señalando la vista cautelar o de juicio en un plazo objetivo de unos 15 días. Sin embargo, el tiempo de desalojo efectivo dependerá fundamentalmente de la rapidez con la que se detecte e identifique la intrusión.

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• Las primeras 48 horas y la flagrancia: Si la ocupación se detecta de forma inmediata, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) pueden intervenir de forma cautelar bajo el principio de flagrante delito.
• Medios de prueba: Contar con sistemas de alarma conectados a una central receptora resulta crucial para certificar el momento exacto de la intrusión y permitir la actuación policial rápida sin esperar a una orden judicial.